El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles 21 de enero la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor el 1 de febrero bajo el nombre de “tasa de seguridad”. El mandatario justificó esta decisión en la presunta falta de cooperación del Gobierno colombiano en el control de la frontera y en la lucha contra el narcotráfico. "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", sostuvo el mandatario en sus redes sociales.
En respuesta, el Gobierno colombiano adoptó medidas equivalentes en el ámbito comercial y energético. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció un gravamen del 30 % a cerca de veinte productos ecuatorianos, definido como una acción proporcional y temporal frente al deterioro del intercambio bilateral. A su vez, el Ministerio de Minas y Energía ordenó la suspensión provisional del suministro de electricidad a Ecuador, argumentando la prioridad del consumo interno y condicionando la reanudación del servicio a la recuperación de un clima de confianza entre ambos Estados.
La relación económica entre Colombia y Ecuador es robusta, y las nuevas barreras arancelarias amenazan flujos comerciales millonarios.Las ventas de Colombia a Ecuador superaron los US$ 1.673 millones, según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Ecuador es el sexto destino para las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado más importante para sus productos no minero-energéticos.
Mac Master calificó la postura de Ecuador como "preocupante y desafortunada".Subrayó la integración económica entre ambas naciones, destacando que Ecuador "es la economía con la que tenemos mayor interacción e integración".
En el núcleo de este conflicto comercial y energético se encuentran las marcadas diferencias ideológicas y las tensiones personales entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. La disputa actual es, en gran medida, un reflejo de visiones políticas divergentes y una batalla de narrativas que resuena en el tablero geopolítico regional.
Las declaraciones directas de ambos líderes evidencian una relación fracturada. Desde Leticia, Colombia, el presidente Petro reprochó a Noboa su decisión, recordando el apoyo brindado durante la crisis energética ecuatoriana: “le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la necesita, están viendo quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, afirmó el mandatario colombiano.
Por su parte, el presidente Noboa ha utilizado la red social X para fundamentar sus acciones, acusando directamente a Colombia de una falta de compromiso en la lucha contra los grupos criminales en la frontera.
Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la…
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026
Como posible contrapartida, el Gobierno ecuatoriano ha amenazado con aplicar "reciprocidad" mediante una modificación a la tarifa de transporte del crudo colombiano que utiliza el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en territorio ecuatoriano. Esto demuestra cómo la interdependencia energética se ha convertido en una herramienta de presión recíproca, donde Ecuador puede responder a un corte de electrones afectando el flujo de hidrocarburos.
Las medidas adoptadas por Ecuador y Colombia configuran un escenario de ajustes simultáneos en los ámbitos comercial y energético, con efectos directos sobre los flujos de intercambio entre ambos países. La aplicación de aranceles, la suspensión del suministro eléctrico y la eventual modificación de tarifas para el transporte de crudo introducen nuevos condicionamientos en una relación caracterizada por altos niveles de interdependencia. La evolución de este proceso dependerá de las decisiones que adopten los gobiernos y de los mecanismos diplomáticos y técnicos que se activen para gestionar las diferencias planteadas.
