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Tras las elecciones del pasado 8 de marzo, 102 personas alcanzaron la votación necesaria para asegurar su curul en el Congreso de la República. Sin embargo, 21 de ellos tiene investigaciones judiciales abiertas, procesos penales y cuestionamientos disciplinarios.
Entre los casos identificados aparecen cinco congresistas acusados por la Corte Suprema de Justicia por estar relacionados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se trata de Wadith Alberto Mazur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Pedro Hernando Flórez Porras (Pacto Histórico) y Karen Astrih Manrique Olarte (Asociación de Víctimas Intercultural Regional).
A los legisladores se les acusa de haber comprometido su función como integrantes de la Comisión de Crédito Público durante el segundo semestre del 2023.Según la investigación, habrían aceptado dádivas del Ministerio de Hacienda a cambio de aprobar operaciones de crédito. La contraprestación se habría materializado mediante el direccionamiento de contractos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolivar en reuniones donde se definieron los montos ilícitos para beneficiar a dichos congresistas.
#SalaEspecialDeInstrucción de la @CorteSupremaJ acusó por el presunto delito de cohecho impropio a 5 congresistas y un excongresista por la supuesta aceptación de dádivas a cambio de conceptuar créditos públicos en 2023. Dos de ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento…pic.twitter.com/eccCKgFFiz
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 11, 2026
Congresistas investigados por presunta corrupción.
Luis Eduardo Diaz Mateus (Conservador), ha sido mencionado por el contratadero de “FONDECOL” donde la casa Díaz Mateus ha logrado mover varios contractos a la gobernación de Santander.
Miguel Ángel Barreto Castillo (Conservador) investigado por la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y fraude en documento público.
Por su parte, David Alejandro Barguil Assis (Conservador) , investigado por trafico de influencias, ausentismo en el legislativo y presuntas recomendaciones políticas de puestos burocráticos durante la administración de Iván Duque.
Otro caso es el de Didier Lobo Chinchilla (Cambio Radical), pertenece al clan ‘Gnecco’ cuenta con 19 procesos penales abiertos, sumando a ellos su suspensión en 2020 por sobrecostos de más de 3.000.000.000 de pesos en alimentos para niños mientras fue alcalde de La Jagua de Ibirico.
También aparece Lidio Arturo García Turbay (Liberal), se encuentra bajo investigación por presuntos nexos con el “frente José Pablo Díaz” de las AUC y líder del clan político “García Turbay”.
En el caso de Yessid Enrique Pulgar Daza (Liberal), hermano del exsenador Eduardo Pulgar (condenado por sobornar a un juez). Actualmente mantiene presencia política a través de la senadora Claudia Pérez (esposa de su hermano político Freddy), su sobrina Isabella Pulgar en la Asamblea Departamental y la alcaldesa Alcira Sandoval.
En esta lista también figura Pedro Hernando Floréz Porras (Pacto Histórico) quien es cuestionado por ser miembro del Clan Torres y operar como pieza clave de Euclides Torres en sectores de transporte y finalmente, David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), investigado por presuntamente favorecer la estructura política de su tío José Luis Mayorca y solicitarle parte del salario a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Congresistas con procesos judiciales
Entre los legisladores que enfrentan procesos también se encuentra Alex Xavier Flórez Hernández (Pacto Histórico), suspendido durante ocho meses por la Procuraduría General de la Nación tras llamar “asesinos” a tres policías que intervenían en un procedimiento de orden público cuando el senador se encontraba en estado de alicoramiento. Además, enfrenta investigaciones en la Corte Suprema por violencia intrafamiliar.
Martha Isabel Peralta Epieyú (Movimiento Alternativo Indígena y Social) enfrenta acusaciones por presunto tráfico de influencias y uso indebido de cupos indicativos en contratos de la UNGRD.
Por su parte, Isabel Cristina Zuleta López (Pacto Histórico) mantiene un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por participar en un evento de propaganda política dentro de un centro penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
También aparece John Moisés Besaile Fayad (Partido de la U), investigado por presuntos hechos de corrupción mientras ejercía cargos de elección popular.
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza (Partido de la U) fue acusado por la Corte Suprema de Justicia por peculado por apropiación. Además, ha sido mencionado en investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación del hospital de Ábrego, donde habría exigido coimas, y en el escándalo de Invías en 2025.
Otro nombre es José Alfredo Gnecco Zuleta (Partido de la U), quien cuenta con tres procesos penales reservados en la Corte Suprema de Justicia.
ambién figura Alfredo “Ape” Cuello Baute (Partido Conservador), investigado por parapolítica y presunto desvío de recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz).
Finalmente, Juan Loreto Gómez Soto (Partido Conservador) ha sido mencionado en los casos de UNGRD e Invías. Además, ha sido vinculado con Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el Hombre Marlboro”, narcotraficante y contrabandista. Asimismo, es investigado por el Ministerio Público tras el hallazgo de 175 municiones para fusil dentro de una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Tras el recién llamado a juicio y la orden de captura dictada por la Corte Suprema contra Wadith Mazur y Karen Manrique. Toma fuerza la tesis de sanción donde el partido del candidato pierde la curul en el Congreso definitivamente sin derecho a reemplazo.
Este riesgo se extiende a lo demás congresistas que están siendo investigados por corrupción o nexos ilegales, pues si son hallados culpables dejan a sus regiones sin representación en el Congreso.
