A pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre los principales desafíos que enfrenta el actual contexto electoral.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expuso el panorama durante la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral, donde señalócuatro situaciones que concentran el mayor riesgo para la jornada del 31 de mayo: la acción de los grupos armados y de estructuras de criminalidad organizada; la actitud de las campañas electorales; la violencia digital y la desinformación en redes sociales; y las actitudes del Gobierno Nacional frente al proceso.
Estas dinámicas, según la entidad, no actúan de forma aislada. El primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025), publicado el 23 de febrero de 2026, documentó que organizaciones criminales han suplantado funciones del Estado en distintos territorios, regulando campañas, vetando candidaturas e imponiendo restricciones a la movilidad de los electores.
Santander aparece entre los departamentos con mayor concentración de amenazas de muerte durante el periodo preelectoral, junto a Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena. En total, se registraron 457 casos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos.
La violencia digital y la desinformación también genera preocupación en la entidad. La Defensoría advirtió que la circulación de contenidos falsos y mensajes de estigmatización en redes sociales ha generado un entorno de polarización que afecta la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral. A esto se suma la actitud de las campañas durante la recta final, señalada por Marín Ortiz como otro factor que requiere atención inmediata de las autoridades.
En este contexto, la Defensoría anunció el despliegue de 2.115 personas en todo el país: 1.825 servidoras y servidores de la entidad y 290 defensoras y defensores públicos. La institución tendrá presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional y en los PMU departamentales, desde donde coordinará un monitoreo territorial continuo con autoridades locales y de policía para atender situaciones de riesgo en tiempo real.
La entidad también confirmó que mantendrá habilitados sus canales institucionales para recibir quejas ciudadanas relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos políticos y electorales. Además, en el informe de seguimiento publicado el 23 de febrero de 2026, la Defensoría formuló nueve nuevas recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía General de la Nación, exigiendo acciones concretas y diferenciadas por región antes, durante y después del 31 de mayo.
