Foto de portada: Unesco
El 24 de noviembre de 2016, Colombia cerró una de las negociaciones más largas de su historia reciente. El Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP firmaron el Acuerdo Final de Paz después de cuatro años de conversaciones en La Habana. El documento contenía compromisos sobre tierras, participación política, reincorporación, víctimas, drogas ilícitas y garantías de no repetición.
Diez años después, el acuerdo sigue siendo un proceso abierto. La firma permitió que una guerrilla de más de cinco décadas abandonara la confrontación y entrara en un proceso de reincorporación, pero no eliminó las condiciones sociales, económicas y territoriales que habían alimentado la violencia.
El balance de esta década se compone por cifras de cumplimiento, instituciones creadas, personas reincorporadas, tierras entregadas y víctimas atendidas. También por asesinatos de firmantes, desplazamientos, presencia de nuevos grupos armados y compromisos que todavía no han llegado completamente a los territorios.
Para medir qué ha ocurrido desde 2016, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz realiza un seguimiento de 578 disposiciones contenidas en el Acuerdo Final. Su décimo informe, publicado en 2026, analiza el estado de la implementación durante el noveno año del proceso.
La medición permite observar la diferencia entre firmar un acuerdo y ejecutarlo. Para marzo de 2026, una audiencia pública realizada en el Congreso presentó como dato que el 35 % de las 578 disposiciones había sido completado, mientras una parte considerable permanecía en diferentes niveles de implementación.
Ese proceso tampoco ha ocurrido al mismo ritmo en todos los puntos. La implementación rural, la reincorporación, la seguridad y las garantías para las comunidades continúan siendo algunos de los asuntos que concentran las mayores dificultades. Uno de los resultados en 2016 fue cuando las FARC-EP fue dejar las armas. La antigua guerrilla dejó de funcionar como una organización insurgente y sus integrantes comenzaron el tránsito hacia la vida civil.
En los años siguientes, miles de personas tuvieron que construir una vida diferente a la que habían conocido durante el conflicto. El proceso incluyó educación, proyectos productivos, acceso a tierras, generación de ingresos y participación comunitaria.
Para finales de 2025, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización registraba más de 11.000 firmantes del Acuerdo vinculados al proceso de reincorporación. La existencia de estos proyectos muestra una dimensión de la paz que no aparece en las fotografías de la firma: antiguos combatientes convertidos en campesinos, comerciantes, estudiantes, líderes comunitarios o integrantes de organizaciones productivas.
Por otro lado, la Misión de Verificación de Naciones Unidas documentó487 asesinatos de excombatientes entre la firma del Acuerdo y diciembre de 2025. Entre las víctimas había mujeres, indígenas y personas afrocolombianas. También se registraron tentativas de homicidio y desapariciones.
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La salida de las FARC-EP modificó el mapa del conflicto, pero no significó el fin de la violencia armada. En diferentes regiones del país surgieron o se fortalecieron otros grupos que comenzaron a disputar territorios, economías ilegales y corredores estratégicos. Así, algunas comunidades que habían esperado que la salida de las FARC significara una disminución definitiva de la violencia encontraron nuevos actores armados.
Esta situación produjo que Colombia consiguiera desmovilizar a la principal guerrilla con la que había negociado durante años, pero algunas comunidades continuaron viviendo bajo amenazas. La diferencia está en que, actualmente, la guerra es vista desde otras perspectivas:
En algunos territorios las disputas están relacionadas con el control de economías ilegales, minería, cultivos de uso ilícito, rutas de narcotráfico y control territorial.El resultado para las comunidades, sin embargo, puede conservar elementos conocidos: desplazamiento, confinamiento, amenazas y restricciones a la movilidad.
Por eso, hablar de paz resulta insuficiente en lugares donde no hay presencia del Estado.
El voto por la paz
El 2 de octubre de 2016 se realizó el plebiscito convocado para que los ciudadanos aprobaran o rechazaran el acuerdo negociado entre el Gobierno y las FARC-EP. El No obtuvo el 50,21 %, frente al 49,78 % del Sí.
La diferencia fue de menos de un punto porcentual. Después de la victoria del No, el Gobierno realizó modificaciones al texto y posteriormente se firmó el Acuerdo Final. Esto explica parte de la historia política de la década, la discusión sobre la paz no terminó cuando se firmó el documento. Las diferencias alrededor de la justicia, la participación política de los excombatientes, las víctimas y la implementación continuaron presentes en el debate público.
El Acuerdo cambió la historia del conflicto colombiano, pero no consiguió por sí solo transformar todas las condiciones que lo hicieron posible, por consiguiente la firma terminó una negociación que permanece vigente para lograr su profunda implementación.
