Foto de portada: Biblioteca Abierta del Proceso de Paz (BAPP)
La jornada de votación que se determinó el 2 de octubre de 2016 con una diferencia de menos de un punto porcentual, la victoria sorpresiva del “No” en el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las urnas, en las elecciones del 21 de junio del 2026, replican, salvo algunas excepciones, la geografía política, y escasa diferencia porcentual que se vivió durante el plebiscito.
Cumplidos ya exactamente 10 años, el Presidente electo, votante del “No” y detractor del acuerdo firmado el 24 de noviembre del 2016 ya trazó“el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”, como afirmó a través de su cuenta X.
Colectivo Colombia en Rosario / Tephy Piedrahita
Tras conversaciones exploratorias, Santos y las FARC instalaron la mesa en Oslo en octubre de 2012 y negociaron en La Habana. A diferencia del Caguán, trabajaron fuera de Colombia, sin zona de distención, con una agenda delimitada y con Cuba y Noruega como garantes. La reforma rural, la participación política, el fin del conflicto, las drogas ilícitas, las víctimas e implementación fueron acordados y firmados el 26 de septiembre de 2016. Pocos días después este primer texto fue rechazado. La renegociación concluyó con la firma del acuerdo definitivo en el Teatro Colón, Bogotá, el 24 de noviembre del mismo año.
El dilema entre el castigo de tiempo y la verdad
La prisión, según Foucault, permite “cuantificar la pena según la variable del tiempo”: tomar el tiempo del condenado parece traducir concretamente la idea de un “pago de deuda” no solo con la víctima sino con la sociedad entera. Así, llega a percibirse la cárcel como respuesta natural al delito, aunque sea una construcción histórica. Desde esta perspectiva, a la firma del Acuerdo de Paz se inserta un reto aún mayor —ampliar el concepto de justicia más allá del encarcelamiento, al otorgar lugar central a la orientación restaurativa y a los derechos de las víctimas—. La cuestión, entonces, no es sustituir el castigo por verdad, sino que esta justicia restaurativa reconoce el esclarecimiento como una exigencia fundamental de justicia, sin excluir la responsabilidad, la reparación ni las sanciones. En palabras de Howard Zehr, pionero del concepto, “represents encouragement toward truth-telling and truth-seeking”, donde esta justicia "representa un impulso hacia el decir la verdad y la búsqueda de la verdad".
La oposición, que catalogó el acuerdo como un “golpe de Estado” y “entrega del país al castrochavismo”, como pronunció durante la campaña del No su líder natural Álvaro Uribe, haría fáctico su rechazo con la disputa por la ley estatutaria de la JEP objetada con tenacidad por el presidente Duque y resuelta por la Corte Constitucional mediante el Auto 282 de 2019. Ese mismo año la entonces directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón Cifuentes, explicó que la falta de recursos solicitados al Ministerio de Hacienda afectaba la puesta en marcha de la entidad, registrando un presupuesto 68% menor al necesario para su funcionamiento, faltante que destaca frente al anunciado por la Comisión de la Verdad y la JEP de un 39,6 % y 21,4% respectivamente. La Corte Constitucional declaró en la Sentencia SU-020 de 2022 “una vulneración sistemática de derechos fundamentales de los firmantes, sus familias e integrantes del partido político Comunes”.
Asesinato a firmantes del acuerdo de paz
La seguridad de los firmantes no cambió significativamente con la llegada del nuevo gobierno. Con un total de 167 firmantes asesinados, menor frente a los 277 asesinados en el gobierno Duque, y situaciones de desplazamiento anidadas a la ambiciosa apuesta de la Paz Total —que pretendía cerrar con el ciclo de violencia en Colombia— que no logró su cometido y, para el momento de su cierre registró un aumento del 90% según publicaciones de la fundación Ideas para la Paz.
Visor de asesinato a firmantes del acuerdo de paz en Colombia-Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)
Avances y pendientes acumulados desde la firma del acuerdo hacen irresponsable atribuir culpa a alguno de los dos gobiernos; no obstante, situaciones como: el descuido y rechazo del gobierno que recibió El Acuerdo, el acumulado histórico de asesinados tras la firma de El Acuerdo y la falta de resultados de la paz total eclipsaron a las más de 11.000 personas que seguían activas en el Programa de Reincorporación Integral y la formalización de titularidad de 19 de los 22 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, las más de 600 personas dadas por desaparecidas encontradas vivas y los más de 5.700 cuerpos recuperados por la UBPD, entre muchos otros logros.
El retorno de la doctrina de seguridad ordinaria
Aunque los retractores del “No” se equivocaron catastróficamente al afirmar que se le entregó el país a las FARC y tomarían el poder, el rechazo al dialogo y negociación fue alimentado en la última década. El 7 de agosto se posesiona el actual presidente Abelardo de la Espriella, habiendo construido su campaña, entre otras cosas sobre la eliminación de la JEP y una postura de no negociación y “mano dura para los bandidos”.
EL 11 de septiembre el Gobierno expediría la terminación del proceso de conversaciones con el ELN; El 23 de septiembre se radicó una reforma constitucional, identificada como Proyecto de Acto Legislativo 18 de 2026, proponiendo que la JEP culmine sus funciones para marzo de 2028, trasladando sus funciones a la justicia ordinaria. Posteriormente, las comisiones económicas aprobaron en primer debate un recorte de 170 mil millones al Sistema Integral de Paz para 2027. La propuesta presupuestal también reduce en 76.273 millones la inversión de la UBPD.
Análogamente, en Santa Marta, el Presidente ordenó militarizar la ciudad y anunció un despliegue regional de 2.500 uniformados, reafirmando su postura el 21 de septiembre con la sentencia: “El que no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”. Ahora un cadáver parece que debe leerse como demostración de soberanía y victoria, y estos como más importantes que el esclarecimiento y la verdad.
