Foto: página web ASCUN.
En el marco de la emergencia económica, social y ecológica en la que se encuentra Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro presentó el Decreto 0173 de 2026, expedido el 24 de febrero del presente año, una medida que ha generado incertidumbre en el sector de la educación superior privada.
El decreto establece un impuesto al patrimonio que incluye a personas jurídicas y sociedades declarantes del impuesto sobre la renta. Sin embargo, excluye a empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y prestadoras de servicios públicos en zonas donde se haya declarado calamidad pública.
La tarifa fijada es del 0,50% sobre el patrimonio líquido al primero, calculado al primero de marzo de 2026. Es decir, se toma el patrimonio neto total menos las deudas vigentes en esa fecha. La medida aplica únicamente para instituciones patrimonio superen las 200.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), deberán pagar el porcentaje correspondiente a la medida. Para el 2026, la DIAN fijó el valor de UVT en 52.374 pesos, ósea que, a partir de los 10.474.800.000 pesos, se paga el mismo.
Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) publicó un comunicado el 3 de marzo, refiriéndose al impacto en el sector educativo, donde aseguran que: “el patrimonio de las Instituciones de Educación Superior (IES) está comprometido con fines académicos y sociales, no con generación de utilidades. Además, el pago del gravamen puede generar tensiones de liquidez y desviar recursos que normalmente se destinan a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa”.
No obstante, el gremio reconoció la importancia de la corresponsabilidad financiera en el contexto actual, proponiendo que el impuesto incorpore criterios de equidad, proporcionalidad y estabilidad financiera. También sugieren abrir espacios de diálogo para evaluar el impacto fiscal en el sector y considerar incentivos tributarios que protejan la educación.
#ASCUNenMedios ? | En entrevista con @CanalCapital, el director ejecutivo de ASCUN, señaló que se solicitó a la Corte Constitucional evaluar los efectos de esta medida, adoptada en el marco de la emergencia económica.
— ASCUN (@ascunoficial) March 18, 2026
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Por otra parte, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) presentó una intervención ciudadana para que se revise expedido por el Ministerio de Hacienda. Desde el sector argumenta que las universidades privadas son entidades sin ánimo de lucro y su patrimonio no representa riqueza disponible, además de cuestionar la falta de consulta previa sobre la medida.
El impuesto deberá pagarse en dos cuotas iguales: el 50% el primero de abril y el restante el 4 de mayo, en respuesta a la urgencia de recaudo. Ante esto, ASCUN espera que en los próximos días se logre un acuerdo que evite impactos financieros no previstos en las instituciones y garantice la estabilidad del sistema educativo.
