El pasado 15 de diciembre, el Congreso de la República aprobó por unanimidad la modificación de los artículos 86 y 87 en la Ley 30 de 1992 que regulan la financiación de la educación superior pública en Colombia. Según el Ministerio de Educación, esta reforma garantiza “más recursos, reglas justas de financiación y un futuro sostenible para universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales”. El proyecto fue radicado desde septiembre de 2024; sin embargo, solo hasta diciembre del año en curso consiguió su aprobación para la sanción presidencial.
¿Qué establecían los artículos?
Inicialmente, el artículo 86 calculará los aportes obligatorios del presupuesto nacional y de las entidades territoriales tomando como base el Índice de Precios del Consumidor (IPC), mas no el crecimiento real del sistema de educación superior. Por otro lado, el artículo 87 indica que el incremento del aporte del Gobierno Nacional a las universidades públicas no debe ser inferior al30% del crecimiento real del Producto Interno Bruto(PIB) del país.
Imagen: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
¿Cómo cambian los artículos?
Con la aprobación de la reforma, ahora el artículo 86 calculará los aportes del presupuesto nacional y de las entidades territoriales tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad en el año anterior y ajustándose como mínimo anualmente,por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades públicas, garantizando un esquema de financiación desde el crecimiento real y vigente del sistema de educación superior.
Además, ahora el artículo 87 exigirá al Gobierno Nacional un incremento en su aporte a las universidades públicas no inferior al 70% del crecimiento real del PIB, un 40% más de lo que establece actualmente. Estas modificaciones aterrizan los aportes y parámetros nacionales al contexto real del sistema de educación superior para las instituciones públicas donde, según el Ministerio de Educación, se pretende “corregir una inequidad acumulada durante tres décadas: mientras la matrícula y la oferta académica crecieron de manera sostenida, las transferencias de la Nación no acompañaron ese ritmo”.
Jennifer Pedraza, representante a la cámara y coautora de la reforma, manifestó que: “las universidades públicas triplicaron su cobertura, pero los recursos (desde el Gobierno Nacional) no crecieron al mismo ritmo”, añadiendo que eso generó una deuda estimada entre 17 y 22 billones de pesos. Afirmó que el aval del proyecto responde a la lucha liderada por el movimiento estudiantil desde hace 14 años para reformar la Ley 30 de manera integral. Por su parte, Jampier Meneses, representante estudiantil de la Universidad del Valle, expresó que este es el “primer paso” para gestionar gradualmente el cambio, a la espera de que: “Colombia, en algún momento alcance los estándares de la financiación de universidades públicas que tiene la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”.
El proyecto, que también pretende saldar la deuda billonaria para el 2040, busca que, a mediano plazo, Colombia invierta el 1% del PIB en educación superior pública. En este sentido, el director de la Asociación Colombiana de Universidades Públicas y Privadas, Óscar Domínguez, enfatizó la importancia de que las instituciones públicas transparenten sus gastos para que la reforma “no sea un recurso adicional que simplemente aumente costos y no reduzca las diferencias de desfinanciamiento”.
