Foto de portada: @jep_colombia
El 23 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella anunció un recorte de 30.000 millones de pesos en el funcionamiento y en 140.000 millones en inversión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cumpliendo con una de las propuestas que acompañó su campaña política, pues en plazas públicas repitió en varias ocasiones la necesidad de acabar con el tribunal.
La propuesta fue planteada por el partido Salvación Nacional y el Gobierno Nacional, quienes explicaron que la medida “responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia. En todo caso, se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP”, según se cita en el documento presentado ante el Congreso.
El 25 de septiembre se realizó la primera rendición de cuentas con respecto a esta propuesta frente al Congreso, a la que asistieron representantes del Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido Comunes en representación de la entidad y representantes del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador y Colombia Justa y Libre a favor del recorte económico.
También estuvieron presentes representantes de las víctimas del conflicto armado como Karen Manrique, John Jairo Valencia y Diógenes Quintero, quienes han trabajado de la mano de la institución para dar garantizas de esclarecimiento a las víctimas.
El segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Erick Velasco, dio inició al evento diciendo: “somos simplemente esa voz de muchas personas que seguramente interpretarán que la paz es importante en este país, somos la voz de muchas víctimas, de muchos sueños de restablecimiento de verdad, de justicia, de reparación... somos simplemente canalizadores que hoy venimos a escuchar, a comprender lo que ha pasado”.
Luz Miriam Alpala, representante a la Cámara, compartió al inicio de su intervención que “la expresión de que esta institución era algo así como un 'barril sin fondo' en gastos representó un cúmulo de desaciertos, porque las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos hemos hecho una apuesta política y económica para acompañar a las víctimas... No hay plata que restaure a la víctima en la reparación, porque ser víctima no tiene precio y eso no se restaura con ningún valor económico”.
Por otra parte, Alexander García, víctima amparada por la JEP tiene dos procesos en este tribunal, relacionados con el secuestro y la desaparición de unos familiares “Uno de los desaparecidos ya lo ubicamos en una fosa común donde hay seis personas más en este momento. La Unidad de Búsqueda está haciendo esa operación allá, pero si llegan a asfixiar a la Jurisdicción Especial para la Paz con el presupuesto...¿Cómo hacemos para sacar esos cuerpos, mi hermano y seis personas más que no los conocemos en una sola fosa común?”.
Foto: @jep_colombia
La JEP es una de las entidades junto con la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, las cuales se formaron a raíz de los acuerdos de paz del 2016 en la Habana con la guerrilla de las FARC, con el propósito de investigar, juzgar y sancionar los crímenes a la población civil en el marco del conflicto armado colombiano; el tribunal está blindado por una ley constitucional que establece un límite de tiempo operacional, garantizando 15 años de operación y financiación con posibilidad de 5 años más, aportando un total de 20 años al proceso de paz.
Ver esta publicación en Instagram
