Foto: Fundación Rogelio Salmona
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abrió una investigación contra el estudio Deconama y el propietario de un apartamento del conjunto Altos de Santana, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, tras la demolición de la escalera original, diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona, considerado uno de los principales referentes de la arquitectura moderna en Colombia.
El estudio ejecutó la obra sin la autorización del Proyecto de Intervención en Bien de Interés Cultural (BIC), un trámite obligatorio ante el IDPC para cualquier obra o remodelación en un predio protegido. La polémica se hizo viral en redes sociales tras la difusión de un video en el que la CEO del estudio, Andrea Mallarino, defendió la intervención: “¿Fue una decisión controversial? Sí, probablemente.¿Fue la decisión correcta para los que viven en este apartamento? Nosotros creemos que sí, porque diseñar también es saber cuándo conservar y cuándo atreverse a transformar”.
Ante la publicación, María Elvira Madriñán Sáa, presidenta de la Fundación Rogelio Salmona, calificó la intervención de “irrespetuosa” por el valor histórico y patrimonial del inmueble.
El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2010, con nivel dos de conservación tipológica. Diego Parra, director del IDPC, explicó que la arquitectura de Salmona no admite alteraciones, pues tanto la circulación interna como la fachada exterior cuentan con protección legal.
Salmona es reconocido por consolidar la identidad visual de Bogotá a través del uso del ladrillo rojo cerámico en sus fachadas, un sello distintivo que se convirtió en una característica de la capital. Además, es recordado por obras icónicas como las Torres del Parque, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, el Archivo General de la Nación, el Eje Ambiental de la avenida Jiménez, el Centro Cultural Moravia, en Medellín, y la Casa de Huéspedes Ilustres, en Cartagena.
Frente a esta omisión, el IDPC recordó que la prevención y el acompañamiento técnico previo permiten adaptar estos inmuebles sin poner en riesgo la memoria arquitectónica de la ciudad. Además, el instituto puede ordenar la reconstrucción de la estructura original con base en los planos y archivos históricos que custodia la entidad.
Al haber ejecutado la obra de manera ilegal, los responsables podrían enfrentar multas millonarias. De acuerdo con la Ley 1185 de 2008, el propietario del inmueble se expone a multas de entre 200 y 500 salarios mínimos, mientras que el estudio Deconama podría recibir sanciones de entre 400 y 1.000 salarios mínimos.
La Fundación Rogelio Salmona insiste en que las autoridades distritales deben realizar labores de control y seguimiento sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC) para garantizar su conservación y protección.
