El Gobierno Nacional destinó a John Milton como liquidador del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, luego de descubrir algunas irregularidades en la gestión, como deudas en los arriendos de las sedes, compromisos sin justificación adecuada y funcionamiento de la entidad luego de que el proceso de auditoria ya se había iniciado.
Esta decisión se tomó en aras de mantener el “rigor, el orden y absoluta transparencia”, y terminar la intención del gobierno anterior de liquidar la institución. “Destapamos la olla podrida del Ministerio de la Igualdad y la Equidad y lo que encontramos es indignante”, declaró Milton, agregando que la cartera está en un desorden administrativo.
En los descuadres financieros que se hallaron se encuentran atraso superior a los 3 meses en el arriendo y en el pago completo de las nóminas. Frente a este panorama, se ordenó la eliminación total de la entidad, con esto el despido de los administrativos que operen en esta y el salvamento completo de las deudas que se encuentran con sustento legal. “No tiene ningún sentido mantener personas encargadas temporalmente de funciones propias de una estructura administrativa que se estaba desmontando”, expreso el liquidador.
Milton también recalcó que ahora la prioridad del Estado es recuperar alrededor de 200 millones de la misma entidad, para usarlos dentro de la emergencia económica que se declaró el 19 de agosto, a raíz del terremoto que sufrió el país: “se encontraron además unas finanzas profundamente deterioradas, precisamente cuando Colombia necesita cada recurso disponible para ayudar a las víctimas de esta emergencia económica, fruto de la tragedia causada por el terremoto”.
Tanto Milton como De la Espriella aseguran que esta medida se desarrollará en aras de un plan donde prima el control de los órganos del Estado, insistiendo en que “el Gobierno nacional busca defender hasta el último peso de los colombianos”. Esto hace parte del desarrollo de la propuesta del mandatario con relación a la reducción del Estado a un 40 %.
Además de Milton esta operación será ejecutada por el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), quienes también estudiarán y decidirán qué compromisos de la entidad se mantendrán y a qué dependencia del Estado se le asignarán.
