La 'Ley Johana Bahamón' como también es conocido el Proyecto de ley de las segundas oportunidades, continúa en la espera de la asignación a debate en el Senado de la República, luego de que el pasado 1 de septiembre fuera aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes con el respaldo de 146 congresistas.
Esta iniciativa gestionada por la directora de la Fundación Acción Interna, Johana Bahamón, cuenta con representantes de varios partidos democráticos como Alianza Verde, Centro democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, Conservador y Polo democrático. “Lo que más me gusta de este proyecto es que todos los partidos están involucrados” afirma la activista.
Este proyecto de ley propone la contratación por parte de empresas a trabajadores pospenados. Si esta población representa el 1 por ciento de su nómina, la organización sólo deberá pagar el 80 por ciento del valor total del pago de parafiscales, SENA, ICBF y cajas de compensación en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 por ciento. Y si la nueva contratación de pospenados llega a representar hasta el 15 por ciento de la nómina, pagarán por estos empleados el 20 por ciento de los parafiscales en el primer año y un 60 por ciento en el segundo.
“Consiste efectivamente en darle unas exenciones tributarias a las empresas que contraten personas ex penadas, pero particularmente mujeres cabeza de familia”. Aclara la representante del Partido Verde, Katherine Miranda.
Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y la Defensoría del pueblo, actualmente hay 176.009 internos, de los cuales el 7,1 por ciento de esta población son mujeres.
Y según La Fundación Acción Interna, de las mujeres privadas de la libertad el 75 por ciento son madres cabeza de hogar y el 54, cuidadoras principales de sus hijos. Por lo cual, con este proyecto se beneficiarán 97 mil personas que han quedado en libertad o que están próximos a cumplir su condena.
“La vida después de cumplir una condena es más difícil para nosotras continuarla, porque no solo somos señaladas, rechazadas y juzgadas de nuestros errores del pasado por las amistades y personas cercanas, sino también por las empresas, y por esta razón nos toca más difícil la reintegración a la sociedad” relata Lucy Silva, una mujer madre cabeza de hogar, quien recuperó su libertad en el año 2014 y desde entonces duró alrededor de 5 años para ser contratada por una organización formal.
“Cuando salí, empecé a pasar hojas de vida, pero por mi expediente me rechazaban o nunca me llamaban. Al ver que no conseguía trabajo, me dediqué al trabajo informal y hasta el año 2019 pude volver a laborar en una empresa, las Unidades Tecnológicas de Santander. Pero por la pandemia no me renovaron contrato y hasta el momento estoy en busca de una nueva oportunidad”.
Como Lucy, miles de mujeres pospenadas enfrentan esta realidad. Sin embargo, dicho proyecto de ley que cuenta con 12 artículos en 4 capítulos, se espera que siga en curso en la próxima legislatura para que se convierta en ley de la república y lograr un trabajo formal y digno a mujeres y jóvenes que hayan cumplido su condena con la justicia.