El pasado 16 de septiembre una estudiante de la universidad de Cornell, Estados Unidos, presentó una demanda civil en la que argumenta haber sido drogada y violada en una de las fraternidades de la universidad.
La estudiante es identificada como Jane Doe, apodo utilizado para proteger la identidad de la víctima. Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2024, cuando la joven llegó en la noche a la fraternidad de ChiPhi, ubicada en el campus. Según la demanda, lo que ocurrió después fue una violación grupal que se extendió hasta la mañana siguiente.
Fallas en la respuesta institucional y la vía civil
La víctima sostiene que los siete hombres señalados en la investigación penal no recibieron consecuencias proporcionales por parte de la universidad. Cornell, sin embargo, rechazó esa afirmación y aseguró que realizó una investigación interna en la que se impusieron sanciones a algunos de los estudiantes, incluyendo expulsiones y suspensiones. La universidad también señaló que el capítulo de ChiPhi permanece vetado del campus.
La demanda civil, de 101 páginas, fue presentada ante un tribunal de Nueva York y señala como responsables a los siete estudiantes, a la fraternidad ChiPhi, a Cornell y a otros involucrados. De acuerdo con el documento, la joven habría sido presionada para consumir alcohol y drogas antes de quedar incapacitada. La demanda también cuestiona la manera en que la universidad manejó el caso después de que la estudiante acudiera a las autoridades.
Inicialmente, la Fiscalía del condado de Tompkins decidió no presentar cargos penales. El fiscal Matthew Van Houten explicó que, tras revisar la investigación policial realizada en 2024, consideró que no existían pruebas suficientes para respaldar una acusación criminal. Sin embargo, después de que la demanda civil volviera a poner el caso en el centro de la atención pública, el funcionario anunció el 28 de septiembre que la investigación sería reabierta. “Buscar justicia a veces requiere que reconsideremos o reabramos casos cuando se nos proporciona evidencia adicional”.
La reapertura de la investigación no significa que los siete estudiantes hayan sido declarados culpables. El proceso penal deberá determinar si existen elementos suficientes para formular cargos y, eventualmente, llevar el caso ante los tribunales. La demanda civil, por su parte, busca establecer responsabilidades y obtener una compensación económica por los daños que la estudiante asegura haber sufrido.
El caso recuerda, por su naturaleza de agresión sexual grupal y por el debate alrededor del consentimiento, al ocurrido en España durante los Sanfermines de 2016, conocido como “La Manada”. En aquel proceso, cinco hombres fueron condenados inicialmente por abuso sexual y posteriormente el Tribunal Supremo español elevó la condena a 15 años de prisión al considerar que los hechos constituían una violación múltiple.
El alcance viral de la denuncia permitió que la demanda civil reactivara el caso penal y presionara a la fiscalía a reabrir la investigación. El hecho reabre el debate público sobre la violencia sexual ejercida en grupo, el consentimiento y la respuesta de las instituciones ante las denuncias.
