Lo que se conoce en Colombia como líder social hace referencia a personas con un alto grado de reconocimiento dentro de su comunidad por su trayectoria en la defensa de derechos territoriales y políticos, siempre en la búsqueda del beneficio común sobre intereses particulares y privados. Dentro de esta categoría también están los denominados defensores de derechos humanos que básicamente cumplen el mismo rol de los líderes sociales. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales que se dedican a la cuantificación de estos crímenes y asesinatos como Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), estos se dan en su gran mayoría en territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Durante los primeros seis meses de 2026, la violencia y la estigmatización contra lideresas y líderes sociales continúan obstaculizando su labor en los territorios. La Defensoría del Pueblo documentó el asesinato de 17 lideresas y 61 líderes sociales. Asimismo, cuatro firmantes del Acuerdo de Paz han perdido la vida y se han cometido 68 masacres que han dejado un saldo de 272 víctimas.
Tras la firma de los acuerdos de la Habana en el que las estadísticas de asesinatos de líderes sociales, que mayoritariamente viven en zonas rurales, han aumentado de forma drástica llegando a presentar un homicidio cada tres días y después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, uno cada día según cifras de Indepaz.
Asesinatos sin autorías claras
Colombia es un país que se caracteriza por sus altos niveles de impunidad y el caso de los líderes asesinados no es la excepción. Como siempre sucede en estos casos, se tiene conocimiento de los autores materiales de estos crímenes, pero los autores intelectuales permanecen en la sombra. Por ejemplo, según Indepaz, entre 2017 y hasta febrero 2018 se tiene conocimiento de que un 54% de los responsables de estos crímenes son grupos narcoparamilitares, como el denominado Clan del Golfo y otros de su red de grupos subsidiarios, un 10% obedece a grupos disidentes de las guerrillas que no firmaron los acuerdos de Paz y que prestan sus servicios al narcotráfico. La mayoría de estos asesinatos no tienen una autoría clara más allá de los autores materiales, muchos de los denunciados por la Defensoría del Pueblo no presentan un responsable y según esta entidad, los autores intelectuales tienen éxito la mayoría de las veces porque logran mimetizarse tras los autores materiales.
Por lo menos el 69% de las víctimas desarrollaban su labor de organización comunitaria e impulso de acciones de reivindicación de derechos en zonas rurales. Por lo menos el 25% de las víctimas eran líderes de pueblos y comunidades indígenas. Si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones, se observa un alto nivel de afectación sobre líderes de Juntas de Acción Comunal, tanto en zonas rurales como en sectores periféricos de las cabeceras municipales.
Los asesinatos a líderes sociales y de Derechos Humanos, tienen como objetivo, como bien lo reconoció la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en 2014, imponer un nuevo orden social, político y económico en el país, sin oposiciones, para terminar la implementación del modelo económico tanto extractivista como latifundista y con ello construir un pacto social novedoso, basado en la existencia y agudización de las clases sociales. En este, las élites seguirán acumulando riqueza y poder a costa del empobrecimiento del resto de la población, al igual que del deterioro constante del ambiente y el territorio.
¿Qué podemos hacer?
Una alternativa para la protección de los líderes y defensores de derechos humanos según Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas, es reconocer pública y regularmente su papel fundamental en la sociedad y condenar las violaciones e intentos de deslegitimarlos y criminalizarlos. Debemos continuar visibilizando las agresiones, con el propósito de evitar que caigan en el olvido y la impunidad, porque es la única manera de evitar que se consolide el genocidio tanto simbólica como históricamente.Con el mantenimiento de la memoria y la consciencia de que los hechos son para imponer un modelo económico, impediremos que los perpetradores finalicen de manera exitosa su programa de reorganización social, política y monetaria.
