Fotos: Jurisdicción Especial de Paz (JEP)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado su primera sentencia por secuestros, una decisión histórica en el proceso de justicia transicional del país. Siete exlíderes del último secretariado de las FARC-EP, entre ellos Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, recibieron la máxima «Sanción Propia» (Sanción Restaurativa) de ocho años por su participación en la política generalizada de secuestros.
Se trata de un momento significativo, ya que nunca antes habían sido juzgados por la justicia ordinaria y la impunidad por este tipo de delitos había alcanzado el 92%.
Los crímenes y la sentencia
La investigación de la JEP, parte del «Caso 01», determinó que las FARC-EP tuvieron una política criminal de secuestros entre 1993 y 2012, que dio lugar a al menos 21.396 actos de victimización. El propósito de estos secuestros era triple: financiar su organización, presionar al Estado colombiano para el intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial. El tribunal determinó que los acusados eran penalmente responsables de crímenes de guerra, incluidos secuestros y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos y desapariciones forzadas.
También se les consideró responsables de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados cometidos por unidades bajo su mando. La JEP también documentó el uso de jaulas o campos de concentración, que eran pequeños, insalubres y se utilizaban para maltratar sistemáticamente a los cautivos.
La sentencia exige a los antiguos líderes de las FARC participar en proyectos restaurativos durante los ocho años completos de la condena. Estos proyectos están diseñados para contribuir a la reparación de las víctimas y son la pena más larga posible para quienes confiesan y cooperan con la JEP.
Foto: Jurisdicción Especial de Paz (JEP)
Supervisión y pasos a seguir
Para garantizar el cumplimiento, la sentencia incluye restricciones efectivas de los derechos y libertades. Las personas sancionadas deben cumplir horarios y ubicaciones específicos, y su paradero será supervisado en tiempo real con un dispositivo electrónico. La JEP, en colaboración con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, supervisará estas sanciones. El gobierno es responsable de proporcionar los recursos y las medidas de seguridad necesarios para la ejecución de los proyectos.
Esta sentencia no supone el final del trabajo de la JEP en materia de secuestros. El tribunal ya ha procesado a 41 exmiembros de las extintas FARC-EP por estos delitos, y todos han aceptado su responsabilidad por los patrones delictivos documentados por la JEP. Como afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, esta sentencia es un hito, pero su verdadero significado reside en el camino a seguir, en la ejecución de estas sanciones restaurativas.
