Foto de portada: Archivo de Vanguardia
El 21 de mayo de 1999 se reportó como desaparecida, en la ciudad de Medellín, a la senadora del partido Liberal Piedad Córdoba; días antes Córdoba, quien para entonces era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fue nombrada —junto con otros defensores de derechos humanos del país— en una amenaza colectiva lanzada por el jefe paramilitar Carlos Castaño.
Según las primeras versiones entregadas por las autoridades antioqueñas, Córdoba se encontraba saliendo de una clínica ubicada en El Poblado cuando 16 hombres fuertemente armados vestidos con camisas distintivas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entraron, inmovilizaron al vigilante, al guardaespalda de la senadora y se retiraron con ella.
El entonces presidente, Andrés Pastrana Arango, se refirió a los hechos mediante un comunicado oficial emitido horas después de hacerse pública la noticia en el que afirmó: “el Gobierno Nacional repudia enérgicamente este acto delictivo y exige a los secuestradores la inmediata liberación de la senadora antioqueña.Ningún motivo puede legitimar o justificar la privación de la libertad de ciudadano o autoridad alguna. La paz empieza por la defensa y el respeto colectivo de los derechos y las libertades fundamentales del hombre”. El mandatario aclaró que el escolta que acompañaba a la senadora, quien pertenecía al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), no tuvo tiempo para poder reaccionar adecuadamente.
Córdoba se encontraba desarrollando trabajos con la guerrilla de las FARC, buscando un acercamiento de diálogos de paz, alto al fuego y a su vez escuchando a las víctimas del conflicto en la zona de San Pablo, sur de Bolívar, atendiendo sus peticiones y necesidades con respecto a los derechos humanos de los habitantes.
El jefe paramilitar Carlos Castaño emitió horas después un comunicado público reconociendo haber ordenado al comando urbano conocido como “La terraza” el secuestro de la senadora, señalándola de tener nexos con la guerrilla del ELN; 15 día después del secuestro Córdoba fue liberada en las montañas de Necoclí, municipio ubicado en el Urabá Antioqueño, luego de las conversaciones que sostuvo Castaño con los senadores conservadores Omar Yépez Álzate, Enrique Gómez Hurtado y Eduardo Montealegre.
El 6 de octubre de 2025 el juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín declaró a José Miguel Narváez Martínez exsubdirector del extinto DAS como “determinador de secuestro extorsivo agravado” contra la senadora; además la unidad investigativa de las Fiscalía encontró pruebas contra Narváez Martínez y una “chuzada” ilegal al celular de Córdoba, con la que entregó grabaciones de llamadas alteradas a Carlos Castaño bajo la idea del “enemigo interno”.
De acuerdo con la sentencia Narváez fue quien propuso y ordenó al exjefe de las AUC el secuestro y aislamiento de la senadora, el fallo judicial le impuso una multa de 3.499 salarios mínimos legales y lo inhabilita para ejercer derechos, funciones públicas por 20 años y enfrentar alrededor de 28 años de prisión.
La defensa de Narváez presentó una apelación con respecto a la acusación de la Fiscalía, sin embargo, el pasado 28 de septiembre el tribunal encargado denegó la apelación de la defensa y ratifico la sentencia contra el exsubdirector y el delito contra Córdoba como de lesa humanidad; este no es el único proceso que afronta Narváez de esta índole, pues también está señalado con relación al asesinato de Jaime Garzón ocurrido también 1999.
