Habitantes del municipio de Piedecuesta, Santander, han optado por pagar una vigilancia informal, debido a la falta de credibilidad en las instituciones estatales encargadas de brindar seguridad en el municipio. Algunos habitantes aseguran que los ‘celadores de negro’ golpean habitantes de calle, recicladores y consumidores.
El 11 de enero de 2019 en el parque de Piedecuesta durante una manifestación en contra del entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, por los escándalos de Odebrecht, un hombre denunció el asesinato de un joven en La Cantera, un cerro ubicado a cinco cuadras del parque principal del municipio. “¡Torturaron y quemaron a una persona viva!”, gritó.
Meses después, este mismo hombre manifestó a los periodistas de esta investigación que en “Piedecuesta se han venido presentando ciertas irregularidades, celadores informales que arremeten contra el habitante de calle y cobros injustificados a hacendados en zonas rurales del municipio”.
En algunos barrios de Piedecuesta operan vigilantes informales que visten de negro y utilizan chalecos con múltiples bolsillos en los que cargan elementos de comunicación como un radio, un celular y un silbato; además, portan bolillo y machete y según las autoridades algunos poseen armas de fuego. Este grupo de hombres son conocidos dentro de la comunidad como los “ Celadores de Negro’, cooperativas que cobran cuotas mensuales entre 15 mil y 50 mil pesos por vivienda a cambio de prestar sus servicios de seguridad.
Liliana León, habitante del barrio La Candelaria, manifestó que accede a pagar este tipo de celaduría porque: “a veces la policía no hace nada, siempre llega tarde. Un ‘celador de negro’ está pendiente de la casa, y en cambio la policía pasa por ahí una hora por mucho y ya”.
Además de los hurtos que se presentan, la ciudadanía ha identificado el consumo de sustancias psicoactivas como otra de las razones por las cuales optan por pagarle a los “celadores de negro”.
Para Nelly Sandoval, el problema de seguridad en la Nueva Candelaria es “la drogadicción y por eso mismo hay atracos, uno ya no se siente seguro de salir porque está con la precaución de que le va a pasar algo”. Al igual que Sandoval, Gilber Corzo, comentó que en el barrio Villanueva “hay vagos por ahí rondando y expendedores de vicio como en todas partes. Mucha gente los conoce y saben dónde están, pero nadie habla por temor”.
Los “celadores de negro” se han convertido en una figura de respeto y confianza en el municipio. “A ellos les tienen miedo por eso, porque son agresivos, pero el problema es como dicen, la gente no entiende sino a las malas”, agrega Nestor Almeyda, habitante del barrio Centro.
Actividad de los ‘celadores de negro’
En el municipio, según testimonio de los celadores, operan tres cooperativas de seguridad llamadas: Seguridad Comunitaria, Aseguricom y Escorpión. De estas cooperativas, solo Aseguricom S.A.S aparece en el Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES) como un tipo de sociedad comercial destinada a las actividades de seguridad privada.
Sin embargo, uno de los celadores entrevistados manifestó: “siempre somos los malos del paseo, nos tratan como guerrilleros, como paracos, como cosas ilegales. Si somos ilegales, pero al menos servimos a una comunidad no a la delincuencia”.
La forma de proceder con la delincuencia es la siguiente de acuerdo con testimonios de vigilantes informales:
1. Reciben el llamado de la comunidad.
2. Identifican la persona (supuesto ladrón, consumidor o habitante de calle).
3. Dialogan con el implicado
4. Si es necesario piden apoyo de sus compañeros de turno por radio.
5. “si él se alborota, toca darle (bolillo y macheta). Y llamar a la autoridad para que ellos se encarguen ya del proceso”: celador de negro.
6. Capturan y entregan a la Policía Municipal.
Molinos, Villanueva y San Rafael son tres de los barrios en donde la comunidad denunció casos de abuso por parte de estos grupos a recicladores, habitantes de calle y personas con problemas de drogadicción. Entre ellos se cuentan Martín en Molinos; Carlos en Villanueva y Sergio en San Rafael.
Martín Pinto
Martín es un habitante de calle que lleva más de 18 años durmiendo en su improvisado cambuche, era un hombre casado y vivía con su esposa e hijas en casa de su suegra, con la que no tenía buenas relaciones. Un día peleó fuertemente con ella, “le pegué una insultada y me fui de la casa, no volví”.
─ Yo a mis animales los quiero mucho, yo lloro mucho por ellos⎯menciona esto mientras abraza a la ‘Negra’, una perra mestiza, cruzada con labrador.
─ Usted viera, son asesinos, pronuncia Martín con voz baja, mientras observa con recelo, que nadie más va a escuchar su relato sobre los de ‘negro’.
Eran las 12 de la madrugada de la última semana del mes de enero, Martín estaba durmiendo en una hamaca que colgaba de su cambuche, sintió un reflejo en su cara que interrumpió su sueño; abrió sus ojos y vio en medio de la maleza, las luces de unas linternas que alumbraban su cambuche.
Saltó con asombro de su hamaca y preguntó:
─ ¿A la orden?
La oscuridad de la noche no le permitió reconocer los rostros de las personas que se encontraban sobre el matorral; sin embargo, entre la poca luz que reflejaba las linternas, pudo observar un atuendo que reconoció, el de los ‘Celadores de Negro’.
─ ¡Le toca que se vaya! ─le respondió una voz desde los matorrales.
Empezaron a bajar seis hombres con machete en mano, destrozaron todo lo que Martín tenía; la hamaca, las gafas, la biblia y un colchón que le había comprado a ‘sus hijos’: los perros. Asustado, Martín decidió huir hacia la carretera. Cuando estuvo fuera del peligro, logró llamar a la Policía y le dijeron que ya iba una patrulla para allá. Conmocionado por lo sucedido, esperó a que llegara la Policía para poder regresar a su hogar. Cuando llegó sólo encontró escombros y cenizas.
Martín contó que decidió presentar una denuncia en la Fiscalía; le dijeron que debía mostrar heridas para hacerla efectiva; pero, solo recibió el roce del machete en una de sus manos, por lo que no pudo realizar el debido proceso.
Uno de los ‘celadores de negro’ del barrio molinos manifestó: “a Don Martín no se le hizo nada ¿quién le quemó? Hay muchas personas que no pertenecen al grupo de trabajo y se visten de negro, entonces ahí queda confuso saber quién fue”.
El líder de la Junta de Acción Comunal del barrio Molinos, Luis Alberto Castellanos, comenta que se enteró de lo sucedido por el rumor de algunos habitantes. “No estoy de acuerdo, Martín no molesta a nadie, no se mete con nadie”. En cuanto a la presencia de los celadores, Castellanos manifestó: no sé cuánto están pagando ahorita porque yo como presidente no puedo tener nexo con ellos.
Pese a que el líder de la Junta l negó tener vínculos con los grupos de vigilancia informal, el celador del barrio aseguró que la junta los contrató para que “alejara a los consumidores y a los jíbaros”.
Erika Cáceres, habitante de este barrio, contó que una mujer vestida de negro que siempre permanece en la caseta ubicada en la cancha del barrio, es la que realiza los cobros por el servicio de vigilancia “se llama Liliana Díaz, es una morenita, ella no es del barrio. Yo no sé quién los trajo, creo que Don Luis (el líder de la Junta de Acción Comunal) sabrá”, finalizó.
Carlos
Carlos, un reciclador de 39 años, narra que el primero de febrero de 2019 a las 3 de la madrugada, estaba trabajando en el barrio Puerto Madero del municipio de Piedecuesta. Solo traía consigo un costal en el que guardaba el reciclaje que había recolectado.Él caminó hacia la carrera 15 con calle 4, cerca de las agencias de transporte; había vendedores de minutos, tintos y comidas rápidas esperando a los viajeros que abordaban y descendieran de los buses.
Carlos compró un chocolisto y un cigarrillo para calmar el frío, así como el sereno que abrazaba las calles. Acabó su bebida, costal al hombro y emprendió la caminata de vuelta a su hogar, cerca al parque Villanueva. El silencio dominaba el camino, lo único que escuchaba eran sus propios pasos acompañados por el sonido del roce de los materiales que cargaba en el saco, ruido de unas motocicletas que se acercaron interrumpió su tranquilidad. Carlos los conocía muy bien, eran los ‘Celadores de Negro’.
Frenaron en frente de Carlos, abandonaron los vehículos y uno de ellos le preguntó:
─ chino, no ha visto a Luis?
─ Mi ‘papá’, yo ando solo ─ respondió Carlos.
Carlos asegura que apenas terminó la frase fue embestido por los vigilantes contra un muro de una de las viviendas, al mismo tiempo que empezaron a ‘lloverle’ bolillazos. Por más esfuerzo que hizo Carlos por protegerse, sucumbió ante los golpes en medio de gritos de dolor y se desplomó en el asfalto. Los vigilantes huyeron, pero, antes uno de ellos presionó la suela de la bota en su rostro herido y le dijo:
─ Usted merece morir.
Quince minutos duró Carlos tendido en el piso, vomitando sangre y pidiendo auxilio sin recibir ayuda alguna, hasta que unos vecinos alertaron a la mamá de Carlos, Albertina dice que fue trasladado de urgencias al Hospital local de Piedecuesta y de ahí, debido a la lesión en su pierna y las dificultades para respirar tras tener comprometido un pulmón, lo remitieron al Hospital Universitario de Santander en donde logró sobrevivir; sin embargo, el doctor que lo atendió le confesó a Albertina:
— Le dieron duro, ellos tiraron a matarlo.
El 4 de febrero de 2019, Luisa pasó un Derecho de Petición a la Policía Nacional denunciando la agresión que puso en peligro la vida de su hijo.
Este oficio fue respondido el día 16 del mismo mes por el capitán Carlos Arturo Alfonso, comandante de la Estación de Policía de Piedecuesta, en el que aseguró que se harían respectivos controles, registros y desarmes a los vigilantes. Además, de dar aplicabilidad a la ley 1801 de 2016 por porte de armas corto punzantes. El comandante, también, respondió que el Grupo de Prevención Ciudadana de la unidad policiaca venía desarrollando campañas a los habitantes del sector para que no contrataran servicios de vigilancia informal; aun así, los vigilantes informales poseen machete y bolillo. Incluso los que patrullan las calles del barrio Villanueva.
Sergio
El 22 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Sergio tirado en la vía a Palogordo con cinco disparos en la cabeza, mencionó su hermana Jessica, quien piensa que la muerte no fue ocasionada por una pelea callejera, puesto que no tendría heridas de bala. “Lo mataron quién sabe dónde y lo llevaron a ese sitio”, dijo refiriéndose a que el cuerpo fue trasladado del lugar donde pasaron hechos.
Sergio, era un joven que según su hermana Jessica, llevaba tres meses rehabilitado y se encontraba viajando. Cuando regresó a Piedecuesta, duró 22 días desaparecido porque según lo que él le dijo a Jessica, le habían robado los zapatos y no podía llegar a la casa sin ellos; pero si podía, afirmó Jessica. En vista de que Sergio no aparecía, su madre y hermana decidieron poner un denuncio, luego de este, Sergio apareció un sábado sucio y sin zapatos.
Después de descansar y dormir bien, Sergio decidió salir de su casa un martes a fumarse un cigarrillo y le dijo a su mamá que no lo buscara. Jessica expresó que días después, revisando en Facebook, encontró una foto de un joven muerto, ella acercó la imagen y vio que era su hermano.
─ Los amigos dicen que fueron los ‘Celadores de Negro’, que ya se la habían sentenciado, porque él se la pasaba robando en unos talleres─ aseguró Jessica.
La familia de Sergio acudió a un funcionario para conocer las razones del asesinato del joven, Jessica narra que el funcionario ya tiene identificado a dos celadores, les tienen interceptado el teléfono, y les encontraron antecedentes de homicidio. Agrega que uno de los implicados estaba viviendo en La Cumbre, y el otro es de Aguachica.
─ Pasó un celador de negro y saludó a mi mamá y un vecino se le acercó y le dijo: “Qué hace saludándolos si ellos fueron los que mataron a su hijo?”
Paradójicamente Jessica reconoció que paga mensualmente una cuota a estos grupos de celadores en el barrio donde vive, pues considera que la seguridad de su familia también es importante y que hasta no comprobarse nada sobre la muerte de su hermano, ella piensa seguir pagando por estos servicios de vigilancia informal.
¿Qué dicen las instituciones?
Las historias de Martín, Carlos y Sergio ponen en evidencia las violaciones de derechos humanos en Piedecuesta; aparte de que los tres casos siguen sin resolver, los vigilantes informales siguen operando de manera habitual. Hubo un acercamiento por parte de los periodistas de este trabajo investigativo con diferentes instituciones competentes.
Policía
En la Estación de Policía del municipio de Piedecuesta fue imposible concretar una entrevista con el comandante Carlos Arturo Alfonso Cervantes; por lo tanto, se acudió al derecho de petición para indagar sobre la operación de los “celadores de negro” a lo que el Comandante Alfonso, respondió “ estos grupos informales son ilegales al no contar con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”; de igual forma, aclaró que ellos no trabajan mancomunadamente con estos vigilantes, ya que, de acuerdo con la Ley 906 del Sistema Penal Acusatorio, toda persona puede capturar para entregar a la autoridad.
Personería Municipal
En la Personería Municipal también se debió acudir al derecho de petición para obtener información. El Personero Waldir Alcocer Campos señaló que “Comités civiles de convivencia ha informado las medidas adoptadas por la autoridad respecto a la problemática de la vigilancia informal en el municipio”.
Al preguntar sobre denuncias de abuso de los celadores de negro a la ciudadanía, este respondió que la Personería Municipal ha realizado respectivo seguimiento a dos casos del 2018. Sin embargo, envió el derecho de petición a la Secretaria de Interior para responder las preguntas sobre casos de violaciones de derechos humanos y los barrios donde se presentó.
Secretaria del Interior
En cuanto a la Secretaría de Interior, no fue posible conseguir una respuesta, ya que el derecho de petición enviado por la Personería fue trasladado a la Policía Nacional del Municipio de Piedecuesta, los cuales que respondieron que desconocen esta información y que la entidad indicada para responder las preguntas de cuántos casos de abuso se habían registrado y en qué barrios, era la Fiscalía General de la Nación. Cabe resaltar que el derecho de petición fue enviado entre las instituciones sin resolver las preguntas mencionadas anteriormente.
Los expertos hablan
Algunos expertos que estudian los conflictos sociales afirman que una de las principales razones por las que la ciudadanía accede a pagar este tipo de celaduría informal, es la falta de credibilidad en las instituciones estatales encargadas de brindar seguridad.
Tatiana Milena Muñoz, psicóloga social, afirma que “el pueblo no ve a la policía como un sistema de vigilancia que genere protección”; por lo tanto, buscan la forma de que sus bienes estén asegurados. Este comportamiento social de pagar por protección no solo personal sino también del capital, surge debido al sistema colombiano, que es un Estado de Derecho en donde las personas tienen acceso a la tierra como fruto de su trabajo.
En Colombia existen empresas que prestan servicio de seguridad privada y que, según Ariel Ávila, politólogo y experto en conflicto urbano y rural, se pueden clasificar en tres grupos: “las que venden el servicio, las cooperativas y los servicios privados de seguridad ilegal”.
Para Ávila, ‘Los Celadores de Negro’ hacen parte de las cooperativas, “estás le pagan muy mal a los vigilantes de seguridad privada, no están muy reguladas, no están muy seguidas y hay una línea muy oscura porque a veces pareciera que fuera una extorsión legalizada porque cobran por local comercial 10 mil pesos semanal o 30 mil pesos mensual”, aseguró.
Ariel Ávila explica que los ‘celadores de negro’ no pueden ser considerados como un grupo paramilitar “porque no hay financiado, armas y patrocinio de miembros del Estado. Sin embargo, menciona que no hay una regulación de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia “porque muchos de ellos tienen poder económico y por eso la Superintendencia no los sigue, porque hay casos de corrupción”; finaliza, “es un tema totalmente desbordado, no hay como hacerle seguimiento”.
Los casos aquí consignados, siguen impunes mientras la vigilancia informal opera y cobra sin regulación, pagada por la misma comunidad sin saber a cuántos piedecuestanos han agredido y en qué barrios se han presentado estos abusos.