Los Proyectos Piloto de Investigación Integral de la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales, conocido como fracking, pretenden ser un hecho en Colombia a pesar de las circunstancias.
El decreto 328 de 2020 precisa los lineamientos de la técnica con fines investigativos en cuanto al subsuelo, la biodiversidad, los acuíferos, el contexto social y la salud. Sin embargo, académicos y ciudadanos en las regiones del Magdalena Medio perfiladas para el proyecto piloto se oponen a esta medida.
El peritaje realizado por una comisión de expertos de la Universidad Nacional tuvo posiciones divididas en cuanto a si es pertinente o no el fracking en Colombia. Los argumentos que defienden la técnica sostienen que debe aliarse a la política energética e industrial de un país cuya economía irá en crecimiento.
De igual forma, afirman que es posible una explotación sostenible bajo la intermediación de instituciones que determinen parámetros ambientales, sociales, técnicos y económicos. Al parecer, los terrenos del Magdalena Medio sí cuentan con las condiciones geológicas y geográficas suficientes para poner el piloto en marcha.
En cambio, las razones en contra de los proyectos piloto se enfocan en que Colombia no cuenta con la infraestructura, los recursos y las herramientas suficientes para su implementación, pues la investigación no lograría recopilar la información requerida. El medio ambiente también tendría afectación debido a que el agua utilizada para el fracking podría transformar el régimen hidrológico, arriesgando a los ecosistemas y las comunidades.
En cuanto al cambio climático, se precisó que al producir hidrocarburos se aumentaría el porcentaje de CO2 y por consiguiente, sería contradictorio a los acuerdos de París. Los académicos aseguran que los proyectos piloto no tienen en cuenta que la técnica muestra los riesgos a largo plazo y no a mediano.
La región del Magdalena Medio es uno de los territorios perfilados para los proyectos piloto. Los habitantes de la vereda de Terraplén, ubicada en Puerto Wilches, Santander, temen que sus fuentes hídricas se contaminen a causa del pozo de la petrolera estadounidense ExxonMobil, ubicado a menos de 500 metros, con el fin de extraer petróleo y gas. La economía a base de la palma es determinante para la región, por eso, también temen que el fracking deteriore con el tiempo la fertilidad del suelo.
Aunque el Estado es propietario del subsuelo y puede decidir qué hacer con él, también debe garantizar la protección de riquezas culturales y naturales de la nación. Por tal motivo, los congresistas de la zona redactaron una demanda ante el Consejo de Estado que justifica por qué el decreto 328 viola artículos de la Constitución Nacional.
El modelo extractivista al que se aferra Colombia desde varias décadas tambalea en la actualidad. El panorama mundial frente al coronavirus cuestiona a los países si realmente es la alternativa apropiada para el futuro de las regalías, puesto que la caída del barril de petróleo y los altos costos de producción que debe asumir Ecopetrol, causarían una disminución en las utilidades. Dicho esto, solo el tiempo y las circunstancias de la pandemia que se avecinan darán una posible respuesta al futuro del extractivismo.